La Ley de la Segunda Oportunidad supuso una revolución dentro de nuestro ordenamiento jurídico, al articular un sistema que permite a particulares y autónomos liberarse de sus deudas cuando estas se han convertido en un problema insalvable.
Es una medida garantista que busca proteger por igual el derecho de los acreedores a satisfacer su crédito, y el de los deudores a no quedar vinculados de por vida a una deuda a la que no le pueden hacer frente de ninguna manera.
Origen de la Ley de la Segunda Oportunidad
Esta norma es relativamente reciente. Se aprobó en 2015, pero se llevaba años trabajando en ella. De hecho, fue una de las respuestas a la crisis financiera de 2008 y a los devastadores efectos que tuvo para muchas personas.
En aquel momento, las altas tasas de desempleo provocaron que mucha gente no pudiera hacer frente a préstamos como el de la hipoteca. Miles de personas acabaron perdiendo su casa y, aun así, continuaban debiendo dinero.
La Ley de la Segunda Oportunidad tenía entre sus finalidades acabar con este grave problema. Permitir, a quienes habían liquidado su patrimonio para hacer frente a sus deudas, liberarse de aquellas que quedaran pendientes después de haber hecho un sacrificio tan grande.
De esta forma, los deudores se quedan sin nada, pero tampoco le deben ya nada a nadie: pueden empezar desde cero, y de ahí le viene el nombre de "segunda oportunidad" a la norma.
¿Qué opciones da la Ley de la Segunda Oportunidad a los deudores?
Tras la última reforma, la ley da dos alternativas diferentes a quienes se acogen a este procedimiento:
- Liquidar todo su patrimonio y, si después de esto siguen subsistiendo deudas, respecto a ellas el juez concede el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI). Es decir, cancela lo que quede por pagar.
- Liquidar una parte del patrimonio (se pueden conservar bienes importantes como la vivienda), y obtener un plan de pagos diseñado por el juez para poder hacer frente a las cantidades que quedan pendientes de abono.
Como novedad, ahora es posible liberarse también de las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, algo que la versión anterior de esta ley no permitía. Aunque hay un límite de 10.000 euros de deuda con cada una de estas Administraciones.
Si la cantidad adeudada supera esa cifra, para la cuantía restante se establecerá el correspondiente plan de pagos.
Así, si una persona que accede a la Segunda Oportunidad le debe 15.000 euros a Hacienda, se liberará de los primeros 10.000. Los otros 5.000 tendrá que pagarlos a través de un plan de pagos que le va a venir impuesto por la autoridad judicial.
Paralización de las reclamaciones judiciales de deuda
La Ley de la Segunda Oportunidad alivia la carga financiera desde el momento en que se presenta la solicitud en el juzgado de lo Mercantil. Aunque el procedimiento tarde varios meses en resolverse, el solicitante puede empezar a dormir más tranquilo desde que su petición entra en el juzgado.
Porque los procedimientos judiciales de reclamación de deuda que hayan iniciado los acreedores van a quedar en suspenso, con independencia de la fase en la que se encuentren. Si ya hay bienes embargados, o incluso en fase de ejecución, este tipo de medidas no se harán efectivas hasta que no se resuelva sobre la Segunda Oportunidad.
Otra ventaja añadida para el deudor es que, presentada la solicitud de Segunda Oportunidad, las deudas van a dejar de sumar intereses de demora. Ya no seguirán creciendo día tras día, lo cual aporta mucha tranquilidad.
Fin de las llamadas de recobros
Las llamadas de entidades especializadas en recobro son tan insistentes que acaban por alterar el desarrollo del día a día del deudor. En algunos casos, incluso han sido calificadas como acoso, una acción que se sanciona duramente.
En el momento en el que la persona con problemas económicos presenta su solicitud para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, este tipo de llamadas deben cesar, porque los acreedores no pueden hacer nada para reclamar el pago. Tienen que esperar a que sea el juez el que decida.
Presentada la solicitud, si se recibe una llamada de este tipo, el deudor debe indicar qué ha puesto en marcha su petición de Segunda Oportunidad. A partir de ese momento no debería recibir más llamadas de recobro. Si lo hace, puede denunciar la situación.
Un nuevo comienzo
La tramitación del procedimiento de segunda oportunidad se ha simplificado todo lo posible, y el afectado solo tiene que preocuparse de aportar información veraz y completa sobre su situación financiera a través de los documentos que acreditan sus deudas y el estado en el que se encuentra su patrimonio.
El juez examinará los datos presentados y tomará la decisión que estime conveniente si considera que el deudor cumple los requisitos para acogerse a este procedimiento.
Con la Ley de la Segunda Oportunidad, los problemas financieros más graves pueden desaparecer totalmente, y el alivio se nota desde el momento de presentación de la solicitud. ¿Nos dejas ayudarte con este procedimiento?
